De plano a los sudcalifornianos nos va como en feria. Aparte
de los hechos sangrientos y de la revolufia de las elecciones, que no son poca
cosa, tenemos la amenaza de una iniciativa de ley que fue aprobada por la Cámara
de Diputados en menos que canta un gallo.
Me refiero a la propuesta de dos diputados del PRI para que
los extranjeros puedan adquirir en propiedad terrenos de playa para uso
habitacional. Esta iniciativa la presentaron en el mes de abril de 2013 y
quince días después la Cámara de Diputados la aprobó, faltando solamente ser
votada en la de senadores y en la mayoría de los congresos de los estados.
No hemos salido del problema en que estamos por culpa de los
inversionistas extranjeros y mexicanos que quieren la minería a cielo abierto y
de la amenaza de otros pretendiendo la construcción de grandes megaproyectos
turísticos en zonas protegidas de nuestra entidad. Y si a lo anterior le
agregamos la pérdida de nuestras playas —las que nos quedan—, bien podemos
exclamar: ¡nos está llevando la fregada!
Y no es poca la tajada que se pretende con esta iniciativa
que en mala hora presentó el diputado Beltrones. Son once mil kilómetros de
litoral que serán afectados de los estados de Sonora, Sinaloa, Colima, Nayarit,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y otros más. Desde luego dos de los más
afectados son Baja California Sur y Baja California.
Dicen los que saben de estas cosas que la culpa es de la
política neoliberal donde el Estado abandona las esferas del derecho público y
lo sustituye por la privatización. Lo que no pensaron nuestros representantes
populares es que la privatización va a generar una presión inmobiliaria
especulativa sobre estas zonas hasta ahora restringidas, porque es mentira que
los extranjeros van a respetar el contenido de la iniciativa. Antes al
contrario, con sus derechos de propiedad podrán subarrendar y recibir huéspedes
de paga.
Además, con la susodicha reforma, los extranjeros cerrarán
las playas hasta ahora públicas, las que por cierto ya son muy pocas. Y de esto
hay pruebas palpables. Nomás hay que ver el corredor San José-Cabo San Lucas
donde los grandes hoteles cuentan con playas privadas que antes eran para el
disfrute de los sudcalifornianos. Y así está pasando con el resto de los
litorales de Baja California Sur.
Buena les espera a nuestros representantes en la Cámara de
Senadores cuando tengan que votar esta iniciativa, porque de entrada este
proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 356 votos a favor, 119 en
contra y 12 abstenciones. Ojalá y los representantes de nuestro estado hayan
votado en contra, aunque lo dudo.
Y cuando se trate de decidir sobre esta propuesta por los
senadores, estamos seguros que los nuestros —ahora suplentes, uno del PRI y
otro del PAN— sin importarles su filiación política, se opondrán con toda
energía y valor ciudadano a que los extranjeros nos despojen que lo que por
tres siglos ha sido patrimonio de los sudcalifornianos. Así lo esperamos, por
su bien.
Además, estamos seguros que todas las legislaturas de los estados
afectados por esta iniciativa no la aprobarán, por lo que siendo mayoría no
podrá reformarse el artículo 27 constitucional. Repito aquí lo que escribió en
su momento una persona preocupada por este grave atentado. “Es procedente pedir
a los integrantes del Senado que detengan la disposición y actúen con la
sensatez, el sentido nacional y la visión de sociedad y futuro que no tuvieron
su contraparte de San Lázaro…”.
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