No, no se trata de cuestiones
partidarias, la oposición se refiere al establecimiento de industrias mineras a
cielo abierto a las que se les ha dado en llamar “minerías tóxicas”. Y es a
propósito de lo dicho por el gobernador Carlos Mendoza Davis en su tercer
informe de gobierno.
En su comparecencia afirmó “Mi
posición es indeclinable: no validaré ningún proyecto que comprometa nuestros
recursos naturales. Ninguna inversión lo vale. El patrimonio ambiental de
nuestros hijos no tiene precio. No está a la venta” La alusión era clara,
refrendó su oposición a la minería tóxica y a la depredación de los mares
sudcalifornianos y sus lechos marinos.
Instituciones y grupos de
ciudadanos se han identificado con esta enérgica postura del gobernante, entre
ellos los senadores por Baja California Sur, miembros del congreso local y, de
manera radical las asociaciones civiles como El frente ciudadano en defensa del
Agua y de la Vida. Y, de manera particular, el pronunciamiento de los diputados
Elizabeth Rocha Torres y José Luis Pérpuli Drew.
En ocasión de la visita al
pueblo de Loreto en el pasado mes de octubre, presentaron ante el pleno de la
XV Legislatura una iniciativa a fin de modificar los artículos 2 y 148 de la
constitución política del estado, con el objeto de que los gobiernos
municipales no autoricen el uso del cambio de suelo a proyectos mineros
metalúrgicos alguno, y que utilice en su proceso de lixiviación cianuro,
mercurio y cualquier otra sustancia que pueda contaminar los suelos y las
aguas.
Los habitantes de todo el estado
han estado pendientes de este intento de establecer ese tipo de minas en el
suelo sudcaliforniano. Y va ya para varios años en que renuevan esos aviesos
propósitos llevados de las ganancias que obtendrán a costa de depredar la naturaleza
de esta región de nuestro país. Con sus influencias ante las autoridades
mineras del gobierno central, están tercos y dispuestos a establecer ese tipo
de minas en nuestro suelo. En contubernio con empresas extranjeras han
conseguido concesiones mineras a todo lo largo y ancho de nuestra península.
Pero como ha expresado el
gobernador Mendoza Davis la explotación de la minería tóxica no se va a poder,
porque todos los buenos sudcalifornianos nos opondremos a ella. Así que es
mejor que le busquen por otro lado, porque aquí nanay.
Por cierto, la iniciativa con
proyecto de decreto de los diputados Rocha Torres y Pérpuly Drew está muy bien
fundamentada. En los considerandos llaman la atención sobre la contaminación de
los suelos, del agua superficial, del agua subterránea, de la flora y de la
fauna, además de los cambios en el microclima y el impacto social y económico
en la población.
Ojalá la legislatura local
apruebe esta iniciativa y se reformen y adicionen los artículos 2 y 148 de
nuestra constitución. Ojala, porque a veces, la codicia origina lamentables
decisiones que afectan la conservación de nuestro medio ambiente. La iniciativa
convertida en decreto será el sustento legal para que los ayuntamientos nieguen
el cambio de uso del suelo, un requisito que invalida todo intento de explotar
la minería a cielo abierto en Baja California Sur.
De cualquier forma, se debe
permanecer vigilantes ya que los grandes consorcios mineros siempre buscarán
los resquicios para lograr sus maquiavélicos fines. Pero ante ello, el pueblo
sudcaliforniano a una sola voz exclamará. ¡No pasarán! Y es que sin esperar la
consulta ofrecida por el próximo presidente de nuestro país, nosotros,; los
habitantes de Sudcalifornia ya decidimos: ¡No a la minería tóxica!
Mi reconocimiento a los
diputados Elizabeth Rocha Torres y José Luis Pérpuli Drew por su manifiesta
defensa de lo nuestro.
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