Dos aspectos importantes distinguen a la prensa: su derecho a informar y a opinar. Desde siempre ha sido así, y por eso, cuando se trata de limitarla se levanta una ola de protestas, tal como ha sucedido en los últimos días cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendió el caso de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente desde el año de 2017.
La Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley porque afectaba la libertad de expresión y para evitar que el gobierno decidiera que debiera opinar la prensa. Así, el derecho de opinar estaría sancionada por la ley, incluso con suspensiones de programas informativos cuando no respetaran lo establecido por el orden jurídico.
Dice Raymundo Riva Palacio que la pretensión era “incluir defensores de audiencias en radio y televisión designados por el gobierno, lo que equivaldría a comisarios políticos que decidirían lo que se podría informar u opinar, así como sancionar a los que no se ajusten a lo estipulado por las autoridades. Actualmente los defensores de audiencias son nombrados por cada medio y actúan bajo los códigos de ética de la empresa”.
Fue buena la decisión de la Corte. De lo contrario periodistas que hacen uso de los medios electrónicos suspenderían sus opiniones por temor a represalias del gobierno. Periodistas como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Carmen Aristegui Carlos Alarazki, Ángel Verdugo, quienes han sido críticos permanentes de los errores del gobierno del presidente López Obrador.
En los medios electrónicos se han escuchado las valientes opiniones de comentaristas de la talla de Carlos Loret de Mola, Carlos Marín, Diego Fernández, Lilly Téllez, Beatriz Pagés, Kenia López y Brozo, sólo por mencionar algunos de ellos. Pero, desde luego, con base en la libertad de expresión consagrada en el artículo 7º constitucional, también tiene cabida las opiniones de los defensores del régimen.
La alerta de Riva Palacio es oportuna porque la intención de coartar la libertad de expresión en los medios electrónicos, podía ser el inicio para someter también a la prensa escrita, con eso de que la ley no se respeta y solo cuenta las decisiones autoritarias del gobernante.
La historia de México es abundante en restricciones a la libertad de expresión. El ejemplo más claro se dio en el gobierno de Porfirio Díaz cuando los hermanos Flores Magón editaron los periódicos Regeneración y el Ahuizote fueron encarcelados y sus imprentas hechas pedazos. Casos como ese sucedieron en toda la república.
Aquí, en el entonces Territorio, los gobernadores de esos años, Abraham Arroniz y Agustín Sanginés, prohibieron la edición de periódicos opositores al gobierno de Porfirio Díaz. Por cierto, uno de los periodistas, Adrián Odilón Valadez, no estuvo de acuerdo con esa disposición y siguió publicando la revista El Criterio Público, lo que le valió el destierro.
También, cuando Ignacio Bañuelos Cabezud fundó en 1912 el periódico El eco de California, durante el periodo del gobernador Carlos Manuel Esquerro, (1925-1927) su imprenta fue destruida a base de marrazos y su casa balaceada.
Otro caso, y corre la anécdota, le sucedió al señor Nemesio Vargas quien fue diputado de 1928 a 1930 representando al Distrito Sur de la Baja California. Dicen que él fue el responsable de la destitución del general Ruperto García de Alba. Cuando Nemesio terminó su cargo de diputado, regresó a La Paz y en el rancho de Las Playitas comenzó a editar un periodiquito con el nombre de “El Chile” en el que acusaba al gobernante de malos manejos en su administración. Una noche los gendarmes fueron en su busca con malas intenciones, pero él se salvó de milagro pues dormía en la azotea.
En mi libro “Narraciones de ayer y de hoy” incluyo esta crónica y la termino diciendo: “El periódico El Chile me hace recordar otros que se editaron en diversas épocas que llevaban nombre originales como La Chispa, El Chisme, El Látigo y La Verdad, todos ellos con una mordaz crítica a los gobiernos en turno. Tiempos de valientes periodistas, como bien lo dice el estimado amigo Antonio Martínez Suárez”.
Septiembre 07 de 2022.
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