En el año de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas expidió un Manifiesto a la Nación con el fin de realizar el fomento de los Territorios de Baja California y Quintana Roo. En uno de los párrafos dijo “Baja California y Quintana Roo han tenido que luchar contra el aislamiento, que se deriva de su situación geográfica especial y de la falta casi absoluta de medios de comunicación hacia el resto de la República, para mantener con éste la comunidad de la raza, la unidad de cultura y la relación de índole económicos que hacen de aquellas entidades parte integrante de nuestra nacionalidad”.
Además agregó que esas lejanas entidades “las inexploradas riquezas de los Territorios despiertan lógicas ambiciones por su extensión, por sus recursos forestales y mineros por la abundancia de su fauna acuática y terrestre y por la ventajosa topografía de sus litorales”.
Lógicas ambiciones que en los siglos pasados en la Baja California se hicieron realidad con los intentos de apropiarse de nuestro territorio, como fueron los casos de la Concesión Leese en 1864, la intervención norteamericana en 1846—48 y la invasión filibustera de William Walker en 1853, sólo por mencionar los más relevantes.
La concesión otorgada a Jacobo Leese amparado por una ley expedida por el presidente Juárez en 1863, le concedía el derecho de explotación de una superficie que comprendía de La Paz a Guerrero Negro, por los litorales del océano Pacífico, incluyendo los que se conocían como Llanos de la Magdalena.
El compromiso de colonizar esta región no pudo ser cumplida y entonces Leese traspasó la concesión a la Flores Hale y Compañía en el año de 1883 y ésta, incapaz también de formar centros de población, tuvo que apegarse a la decisión del gobierno de declarar nulo el contrato en 1917, contrato que amparaba la posesión de 2,158,427 hectáreas.
Pero tres años antes, en 1914, el gobierno usurpador de Victoriano Huerta autorizó la adquisición de 1,968,732 hectáreas al señor Delbert J. Haff. Esa concesión duró hasta el año de 1921 cuando el presidente Álvaro Obregón de nueva cuenta le concedió un nuevo contrato concediéndole el derecho de propiedad de todos los terrenos que había adquirido con anterioridad.
La concesión otorgada por el gobierno de Obregón fue duramente criticada por considerar que se estaba enajenando gran parte de la península de la Baja California a capitales extranjeros. Y uno de los que más se opuso fu el general Amado Aguirre, quien en ese mismo año de 1921 dirigió al presidente una carta en la que le decía. “Con el mayor respeto y con toda la lealtad y adhesión que siempre he demostrado a Usted y a su gobierno, voy a permitirme hacer algunas consideraciones sobre el contrato que con fecha 18 de marzo último, celebró la Secretaría de Agricultura y Fomento con el C. Americano Delbert J. Haff, enajenando una extensa superficie de la costa occidental del Distrito Sur de la Baja California”.
Sin solucionar el problema planteado por el general Aguirre, hubieron de pasar 12 años en esa anómala situación de peligro para nuestro país, cuando el presidente Abelardo L. Rodríguez, ante la presión del gobernador del Territorio, Juan Domínguez Cota, declaró nula la concesión de Haff y la devolución de las tierras al gobierno mexicano, incluyendo los Llanos de la Magdalena.
La liberación de los Llanos permitió la colonización en la parte norte con los centros de población de Santo Domingo, Matancitas, San Juan de Matancitas y Poza Grande. Con el tiempo estas colonias se convirtieron en ejidos. Y así permanecieron hasta 1949, cuando se inició en grande la colonización del Valle de Santo Domingo.
Septiembre 27 de 2023
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