Dos buenos amigos, Francisco
López y Carlos Lazcano, me han enviado por Facebook dos artículos referentes al
proyecto de la nueva Ley General de Archivos que ya se encuentra para su
aprobación en el Congreso de la Unión. Son artículos que revelan —en caso de
que se autorice— el enorme peligro de prohibir la libertad de expresión y el
acceso a la información.
Ahora, con la aprobación por la Cámara
de Senadores de la Ley General de Datos Personales, que considera como confidencial
todo documento que contenga datos de esta naturaleza, deben protegerse
indefinidamente. Y aquí es donde la puerca torció el rabo, pues eso significa
el impedimento de acudir a los archivos en busca de información mucha de ella
relacionada con las personas que la originaron, habida cuenta que la ley ya no
lo permitirá.
Así, por esa ley absurda, —dice
un artículo— “nos arrebatarán la posibilidad de construir nuestro futuro sobre
el conocimiento cierto del pasado, a través de documentos que generaciones de
mexicanos ha dejado detrás a lo largo de siglos, resguardados en los archivos
históricos…”.
La historia —dice el segundo
artículo— requiere acceso a las fuentes primarias, cartas, circulares
oficiales, documentos gubernamentales o de la sociedad civil, títulos de
posesión, expedientes migratorios, inquisitoriales, etc. Sin este acceso será
imposible hacer historia sobre fuentes originales, salvo las que se encuentran
en archivos fuera de México…”.
Y vaya que algunas instituciones
ya están poniendo en práctica esas disposiciones. Se comenta que a un
estudiante que acudió a una hemeroteca en la Ciudad de México, le entregaron
una copia del artículo solicitado con nombres y caras tachados. Por supuesto
esta es una muestra de lo que puede suceder si se aprueba la ley en cuestión.
Muchas voces se han levantado en
contra de esa absurda disposición, sobre todo de los historiadores y de las
instituciones dedicadas a la investigación de nuestro pasado. Sería conveniente
por no decir urgente, que los investigadores de la UABCS, de los que acuden a
los archivos, entre ellos el Archivo Histórico Pablo L. Martínez, en busca de
información, eleven una protesta ante el Congreso a fin de que esa ley no se
apruebe y se formule una nueva más acorde con el momento actual que permita
conocer lo que hemos sido en el pasado.
En nuestro existen varias
instituciones archivísticas que contienen documentos importantes de la época de
la colonia, la independencia y los regímenes revolucionarios. Aunque un poco
desorganizados y la falta de personal, se cuenta con el de Santa Rosalía, en el
municipio de Mulegé; con el de Loreto, en el municipio del mismo nombre; el
general del municipio de La Paz y, con una organización excelente y edificio
moderno y funcional, el archivo histórico Pablo L. Martínez.
El archivo general municipal de
nuestra ciudad tiene ocho años de fundado, pero por falta de un local adecuado
no ha podido cumplir sus funciones ni terminar con los inventarios,
catalogación y depuración de documentos, muchos con más de 40 años de
antigüedad. En su acervo resguarda lo que se ha generado por las
administraciones de los ayuntamientos a partir de 1993.
Pero tanto los unos como los
otros, estarán impedidos de proporcionar información sobre los datos personales
que aparecen en los documentos, debido a la Ley General de Archivos que
esperamos no sea aprobada. Aunque, en honor a la verdad, serán pocas las
instituciones que cumplan esas normas, sobre todo las que dependen de los
gobiernos de los estados y de los municipios debido a que pueden ejercer su
soberanía y continuar ofreciendo sus servicios como lo han hecho hasta la
fecha. El pueblo de Baja California Sur no puede echar en el pozo del olvido su
pasado.
Noviembre
22 de 2016.
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